Este 10 de septiembre, por primera vez, la Fiscalía judicializó a un hombre por el delito de acceso carnal a un animal. Se trata de Edwin Leonicio Vélez Cardozo, quien, según el ente acusador, es el posible responsable de atacar sexualmente a una perrita llamada Luna.
Esto es posible ya que el delito de acceso carnal a un animal está reglamentado mediante la Ley 2627 de 2026, emitida recientemente.
Según la investigación, Luna habría sido retenida por el señalado agresor el 30 de agosto de 2026, en inmediaciones del barrio Campestre de San Vicente de Chucurí (Santander).
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Luego, el hombre la habría trasladado hasta su lugar de residencia, donde presuntamente la abusó sexualmente. Como consecuencia de eso, Luna presentó sangrado e inflamación en varios de sus órganos, así como cambios de comportamiento, según la Fiscalía.
Otras afectaciones incluyeron disminución de su actividad habitual. No quería comer, tuvo conductas de aislamiento y empezó a huir cuando alguien se le acercaba.
Los elementos materiales probatorios y la evidencia física, según expuso el ente acusador, "dan cuenta de que las acciones atribuidas a Vélez Cardozo ocasionaron problemas crónicos en la salud y la integridad física de Luna".
Por ende, un fiscal de la Seccional Santander, con apoyo del Grupo Especial para la Lucha contra el Maltrato Animal (GELMA), lo presentó ante una juez con función de control de garantías y le imputó los delitos de acceso carnal a animal, en concurso con lesiones que menoscaben gravemente la salud o la integridad física del animal.
Si bien Vélez no aceptó los cargos, deberá cumplir medida de aseguramiento en un centro carcelario mientras se resuelve su situación judicial.
La senadora Esmeralda Hernández, del Pacto Histórico, autora de la ley, celebró la decisión. "Este criminal ya tiene medida de aseguramiento y estará tras las rejas mientras la Fiscalía y los jueces definen su situación judicial".
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A renglón seguido, pidió "la máxima condena" porque "estos criminales son un peligro para la sociedad". Finalmente, reiteró la importancia que ve en los hechos. "Este es el primer caso en la historia de Colombia que logramos gracias a la penalización de la violación a los animales en el país", aseguró.
Antes de la aprobación de esta ley, las organizaciones defensoras de derechos de los animales llevaban varios años denunciando los actos sexuales de personas con animales por sus graves consecuencias para el bienestar de esos seres sintientes.
Esta ley complementa disposiciones ya existentes como la Ley Ángel, que endureció las sanciones contra el maltrato animal.
De acuerdo con la ley, quienes incurran en conductas de zoofilia podrán enfrentar penas de prisión entre 48 y 55 meses. Es decir, si Edwin Vélez es hallado culpable, podría durar en la cárcel hasta cuatro años y medio.
Además, la norma contempla multas que van de 30 a 50 salarios mínimos mensuales legales vigentes.
Otras sanciones para los responsables incluyen la inhabilidad de uno a tres años para ejercer profesiones, oficios o actividades comerciales relacionadas con animales. Asimismo, se prohibirá la adquisición, tenencia, cuidado o refugio de animales por parte de las personas condenadas por este delito.
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Otro aspecto de la nueva legislación es la inclusión de circunstancias de agravación punitiva que podrían aumentar las penas. Estas se aplicarán cuando los actos sexuales contra animales ocurran en espacios públicos, se cometan en presencia de menores de edad o sean grabados para su difusión como material pornográfico con fines económicos.
Las sanciones también serán más severas si el animal muere como consecuencia de las agresiones o si se presentan otras circunstancias que aumenten el daño causado.
Según dijo la congresista cuando se aprobó la ley en el Congreso en junio de 2026, perros, gatos, gallinas, burros y otras especies continúan siendo víctimas de abusos sexuales que en muchos casos terminan causándoles la muerte.
Además de las medidas penales, la ley contempla el desarrollo de campañas de divulgación y sensibilización para informar a la ciudadanía sobre la tipificación del delito y las consecuencias legales que tendrá a partir de su entrada en vigencia.
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