"La diversidad nos está costando la vida", afirma Wilson Castañeda, director de la corporación Caribe Afirmativo de Colombia. En una visita a Bruselas, a las instituciones europeas, su organización y la Corporación Humanas intentan transmitir los primeros signos concretos del riesgo en el que están poblaciones vulnerables, el colectivo LGTBQ+ y las mujeres y las niñas.
¿Están verdaderamente en riesgo ahora más que antes? "En Colombia no hemos logrado reducir la violencia contra las personas LGBTQ+. Se han realizado numerosos esfuerzos, hay diversos mecanismos estatales, ha habido mucho apoyo de la Unión Europea, pero sigue siendo el país con más asesinatos contra personas LGBITQ+ en América Latina y el Caribe", responde a DW Wilson Castañeda.
Efectivamente, en el informe de 2025 de Amnistía Internacional -organización que auspicia la visita junto con la plataforma Oidhaco y el colectivo Daniel Gillard-, se registran graves casos de violencia contra personas LGTBI+, especialmente gays y trans. No obstante, "en el curso del último mes hemos detectado 22 casos que han disparado nuestras alarmas", sigue Castañeda.
El nombramiento en puestos claves de conocidos políticos opuestos a la "ideología de género" y dispuestos a la "batalla cultural" que sacará, por ejemplo, el lenguaje igualitario de las escuelas y las instituciones, son dos de los campos donde se recogen ya las primeras señales inquietantes. "Se han registrado ya salidas de personas del servicio público debido a su orientación sexual y se está haciendo una revisión de documentación pública relacionada con derechos sexuales y reproductivos de personas LGBTIQ+", detalla el director de Caribe Afirmativo, una organización activa en el país desde 2009. Según Castañeda, uno de los derechos en peligro de retroceso sería el matrimonio igualitario.
Por el contrario, el gobierno sostiene que las reformas anunciadas buscan reforzar la seguridad, la eficiencia institucional y la lucha contra el crimen organizado.
Cabe recordar que reconocer derechos a poblaciones vulnerables y colectivos marginados y diversos es parte de la Agenda 2030, un acuerdo internacional en el marco de Naciones Unidas. En 2015, las agencias de la ONU y los Estados miembros firmaron una declaración conjunta condenando la violencia y la discriminación contra las personas LGTBIQ+ y en 2024 se adoptó una estrategia internacional para su protección.
Con veinte delegaciones en América Latina y el Caribe y un delegado especial para la Paz de Colombia, la información sobre lo que está sucediendo en la región no falta en las instituciones de Bruselas. Y la reacción es de preocupación por los anuncios del nuevo presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, que alejarían a su Gobierno del proceso de paz que viene siendo apoyado por la UE desde en noviembre de 2014. No obstante, estos posibles retrocesos en materia de respeto a los derechos humanos y a los compromisos multilaterales lo entienden y enmarcan en una tendencia tan internacional como regional.
"No apareció de repente; se trata de una contienda contra principios fundamentales de la humanidad y los derechos de las mujeres. Se viene fraguando desde hace tiempo y se consolida con cada nuevo presidente de esta línea elegido en la región", comenta a DW Adriana Benjumea, directora de la Corporación Humanas, activa en Chile y Colombia desde 2004.
En esa medida, "el nuevo presidente colombiano, Abelardo De La Espriella, es un alfil en un ajedrez donde no es ni el rey ni la reina", subraya Benjumea, y menciona los bombardeos en el Caribe en noviembre de 2025, contrarios al derecho internacional, ordenados desde Washington.
"Aunque esta elección se entiende como otras de la región, sí hay un elemento colombiano: la campaña electoral estuvo marcada por críticas a la resistencia del gobierno anterior a rendirse a volver a la política antidrogas de Estados Unidos", puntualiza Castañeda.
En un informe de International Crisis Group (ICG), un think tank que firma desde Bruselas y Bogotá, se asegura que "De la Espriella llega con una propuesta con términos contundentes. Exige una serie de capturas de alto nivel, reiniciar la erradicación de cultivos de coca, intensificar los bombardeos aéreos, una mayor cooperación con EE. UU., incluyendo más extradiciones, y la construcción de nuevas megacárceles".
A pesar de que el nuevo gobierno promete acabar con el control territorial de grupos criminales y las redes de lavado de dinero, "una estrategia de mano dura podría provocar un repunte de la violencia, en lugar de reducirla", constata ICG en elinforme del 07.08.2026, advirtiendo sobre las víctimas civiles de los bombardeos y las personas inocentes afectadas por las detenciones masivas. Por otro lado, en un reciente informe sobre el vecino Ecuador -con un gobierno actualmente muy afín tanto a Washington como a Colombia- la Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) advierte de las consecuencias de las políticas de mano dura y la militarización.
En este contexto, la Unión Europea, que tiene intereses geopolíticos en la región, entretanto enmarcados en acuerdos de comercio y asociación con casi todos los países de América Latina, "debe pasar de la preocupación a la acción", afirma Wilson Castañeda. Y podría comenzar. por ejemplo, reafirmando y profundizando su enfoque propio sobre el combate al narcotráfico y las economías ilegales.
"Sí percibimos que los europeos están muy preocupados, sobre todo porque la cocaína está llegando a puertos europeos. Pero aún les falta conectar ese fenómeno con la explotación sexual de niñas, con la trata de mujeres y el tráfico de migrantes. Deben entender que hoy en Colombia la coca no vale tanto como el oro y otros negocios legales e ilegales que generan enormes ganancias y están ligados a violencia y explotación", recalca Adriana Benjumea.
En este sentido, ante las nuevas políticas anunciadas en Colombia, ambos defensores de derechos humanos abogan por apoyo europeo. "Las poblaciones vulnerables, es decir, las mujeres, los afrodescendientes, los indígenas, la población LGBTIQ+, somos invisibles. Cada vez hay más involucrados con los actores que producen violencia. No porque se hayan convertido en delincuentes, sino porque si nos capturan, nos matan, nos atrapan con cargamento, no importa. Somos vidas prescindibles. Por eso, la diversidad nos cuesta la vida", concluye Wilson Castañeda.
(cp)
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