El presidente de Colombia, Abelardo de la Espriella, ha firmado el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para llevar armas de fuego en el país.
"Firmé el decreto que levanta la suspensión general de los permisos para el porte de armas de fuego en Colombia", anunció el mandatario, que defendió que durante años se restringió a los ciudadanos que cumplen la ley mientras los delincuentes continuaron armándose ilegalmente.
De la Espriella aseguró que las cifras de incautaciones muestran dónde está la amenaza. Entre el 1 de enero y el 3 de septiembre, la Fuerza Pública se incautó de 15.700 armas de fuego, de las que 14.179 estaban relacionadas con la comisión de delitos.
Según los datos ofrecidos por el presidente, 980 armas estaban vinculadas a disidencias, 551 al Clan del Golfo y 339 al ELN. Entre las asociadas a las disidencias había 380 fusiles y 65 morteros de calibre 60 milímetros.
"Ese es el poder de fuego que el Estado tiene que perseguir y destruir", afirmó.
El presidente colombiano subrayó que la decisión no supone que se pueda llevar armas sin restricciones. "Se mantienen controles estrictos, requisitos y permisos de las autoridades competentes", señaló.
De la Espriella defendió que los ciudadanos que cumplan la ley puedan acceder a los permisos dentro del marco legal y aseguró que el Estado perseguirá a quienes lleven armas ilegalmente. "Las armas ilegales se las vamos a quitar a los criminales", afirmó.
El mandatario sostuvo además que "la seguridad de Colombia no puede seguir construyéndose desarmando al ciudadano que cumple la ley y dejando armados a los bandidos".
La suspensión general de los permisos para llevar armas de fuego había sido prorrogada para 2026 mediante un decreto aprobado a finales de 2025. La medida impedía llevar armas a los titulares de esos permisos durante su vigencia, aunque la legislación colombiana contempla la posibilidad de autorizar casos especiales e individuales.
La suspensión general se aplica en Colombia desde 2018 y ha sido prorrogada mediante sucesivas normas. El decreto aprobado en diciembre de 2025 mantenía la medida durante 2026, hasta la decisión anunciada ahora por el presidente.